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Próximo comunicado público ante todas las Autoridades judiciales, políticas y ciudadanía.

Por la presente se comunica a todas las autoridades judiciales del Estado Español que, la familia Varela Cañás dispone de testigos, documentos, informes periciales y múltiples pruebas, que permiten de forma irrefutable imputar ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fiscalia General del Estado, Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, al Notario Rafael Benzo Sainz, Holding CriteriaCaixa, Servihabitat SL y demás partes, los delitos de Estafa, Delito continuado de Falsedad Documental, Prevaricación, Alzamiento de bienes, Trafico de Influencias, otros sí.

Delitos que se han sido perpetrados contra la propiedad familiar y contra la familia Varela Cañás, con la permisibilidad de jueces, fiscales y abogados con nombres y apellidos. Los cuales incurriendo en delitos de obstrucción a la justicia, omisión del deber, prevaricación continuada, violación de los derechos fundamentales, etc. han encubierto los delitos de una organización criminal o grupo criminal.

Por cuanto que esta propiedad está sujeta por vía penal ante la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, Consejo General Poder Judicial, Consejo General Abogacía y demás organismos. Siendo el Tribunal Supremo el máximo órgano penal de España, quien deberá resolver en sentencia firme las imputaciones vertidas de forma oficial contra jueces, fiscales, abogados y contra una organización criminal o grupo criminal.

Juan Andrés García Vázquez
Socio Director Comercial

Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado.

Artículo 12. Ámbito de la representación y defensa.

1. Corresponde a los Abogados y Abogadas del Estado integrados en la Abogacía General del Estado, con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en las leyes procesales aplicables en cada caso y en este real decreto, la representación y defensa del Reino de España, de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, de los órganos constitucionales y de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal cuando así proceda en virtud de norma legal o reglamentaria o convenio celebrado al efecto. Esta representación y defensa se prestará a través de los procedimientos previstos legalmente y, entre otros, en los siguientes procedimientos:

a) Actuaciones pre-contenciosas, procedimientos judiciales, arbitrales, extrajudiciales y alternativos de resolución de disputas, conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia suscitados ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales.

b) Procedimientos seguidos ante el Tribunal Constitucional.

c) Procedimientos seguidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ante los distintos órganos del Consejo de Europa, en particular ante el departamento de ejecución de sentencias del Comité de Ministros del Consejo de Europa en relación con la ejecución de las sentencias del mencionado Tribunal.

d) Procedimientos seguidos ante cualesquiera órganos internacionales con competencias en materia de salvaguarda de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el Reino de España.

e) Procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea.

Estimadas autoridades:

Me dirijo a todas las autoridades Judiciales de la Nación de España ante la opinión pública y ante el Poder Judicial, para comunicar a todos los magistrados y fiscales de todos los órganos judiciales, que el ciudadano D. Juan Carlos Varela Cañás emprende ante todos los organismos de España y Europa, un Asunto de Estado, con el firme propósito de iniciar un proceso penal ante la opinión pública y ante la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, máximo organismo penal de la Nación.

Como víctima de la corrupción y criminalidad judicial, Juan Carlos Varela asume ante los Magistrados de la Sala II de lo Penal y demás autoridades, las responsabilidades penales y civiles en las cuales como ciudadano pueda incurrir; así mismo, quienes han atentado contra la vida de D. Juan Carlos y familia, asumirán las mismas responsabilidades penales y civiles ante el Tribunal Supremo, Consejo General Poder Judicial, Fiscalia General del Estado y Consejo General de la Abogacía Española, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, Estatuto General de la Abogacía Española y vigente legislación.